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lunes, 13 de enero de 2020

Pompeo llama a los países que reciben médicos cubanos a "poner fin" a esos acuerdos.


Washington  EEUU / AP  El secretario de Estado, Mike Pompeo, instó el pasado domingo a "los países anfitriones [de las llamadas misiones médicas cubanas] a que pongan fin a los acuerdos contractuales con el régimen de Castro, que facilitan los abusos contra los derechos humanos" de los profesionales de la Isla, según refiere un reporte de Diario de Cuba.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Pompeo también recordó que el régimen "no ha respondido la carta de dos relatoras especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que mostraron preocupación hace más de dos meses por las acusaciones de grupos defensores de los derechos humanos que apuntan a que los especialistas de la Isla serían sometidos a condiciones de "trabajo forzoso", cuando se involucran en las "misiones internacionalistas" gestionadas por La Habana.

Las declaraciones del secretario de Estado se produjeron en el marco del Mes Nacional de Prevención de la Esclavitud y la Trata de Personas.

El 6 de noviembre de 2019, las relatoras especiales sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, Urmila Bhoola, y sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Maria Grazia Giammarinaro, se dirigieron al ejecutivo que encabeza el designado gobernante Miguel Díaz-Canel y le dieron un plazo de 60 días para responder a sus preocupaciones. La Habana, sin embargo, ha callado.

El reclamo de las relatoras sigue a una denuncia presentada en mayo pasado ante la ONU por la organización Cuban Prisoners Defenders, que incluyó pruebas y 110 testimonios de médicos cubanos sobre los abusos a los que han sido sometidos por el régimen de la Isla.

Bhoola y Giammarinaro pidieron a La Habana "atención urgente" a esos "presuntos abusos", y expresaron "preocupación por las condiciones de trabajo y de vida" que estarían afectando a esos profesionales.

Muchos de ellos, dijeron las diplomáticas, "estarían expuestos a condiciones de trabajo y de vida explotadoras", y "pagos salariales inadecuados". Además, "estarían sometidos a presiones y a seguimiento por parte del Gobierno" cubano, señalaron.

En particular, mencionaron que, según las denuncias que recibieron, en muchos de los países de destino los médicos cubanos no reciben un contrato de trabajo o una copia del mismo; el régimen se queda con entre el 75% y el 90% de lo que pagan en salarios mensuales los gobiernos anfitriones y, con frecuencia, el monto que entregan a los trabajadores "no permitiría vivir dignamente".

Por otra parte, Bhoola y Giammarinaro señalaron que, de acuerdo con los reportes, los médicos trabajarían un "exceso de horas", tendrían "restringida" la libertad de movimientos y estarían "bajo vigilancia" de funcionarios del régimen castrista.

"El derecho a la privacidad estaría limitado por el control y seguimiento efectuado a los médicos, incluyendo la comunicación y las relaciones sostenidas con personas nacionales y extranjeras durante las misiones de internacionalización", consideraron las relatoras.

"En principio, los profesionales podrían regresar a Cuba de vacaciones una vez por año pero (…) dicho viaje sería muchas veces considerado como premio o, según las circunstancias, podría ser negado como una forma de castigo", añadieron.

Las relatoras pidieron al régimen de La Habana "información o comentario adicional" sobre las alegaciones. También sobre las "medidas que (…) está planeando adoptar para garantizar a todos los médicos y otros profesionales cubanos que trabajan en el extranjero condiciones de trabajo y de vida dignas".

También solicitaron "indicar de qué manera (…) está evitando la separación familiar prolongada entre médicos que trabajan en el exterior y sus familiares que permanecen en Cuba".

Asimismo, aclarar qué "mecanismos de queja" tienen los profesionales cubanos "que quieran denunciar abuso o explotación laboral y de qué manera dichos canales o mecanismos puedan ser accedidos desde el extranjero".

Bhoola y Giammarinaro pidieron al régimen "investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones" contra los derechos de los médicos y tomar "medidas efectivas para evitar" que se repitan.

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