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martes, 25 de febrero de 2020

Asamblea aprueba convenio para controlar actividad de los usuarios de internet en Nicaragua.


A solicitud del dictador Daniel Ortega, Asamblea Nacional  aprobó este martes 25 de febrero un convenio, que de acuerdo a los opositores, busca controlar la actividad de los usuarios de internet.

Se trata del “Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación, Aseguramiento, y Obtención de Pruebas en Materia de Ciberdelincuencia”, el cual Nicaragua lo había firmado desde el 28 de mayo de 2014.

El documento enviado por Daniel Ortega señala que el fin de esta ley es combatir el crimen organizado que opera vía internet.

«Esta no es una ley que surge en Nicaragua, es un convenio internacional para combatir los ciberdelitos porque en la actualidad el crimen organizado está operando a través de lo virtual”, argumento el diputado sandinista Carlos Emilio López.

El convenio no contó con los votos de la oposición, la cual, argumentó, viola los derechos humanos al facultar a la Policía Sandinista intervenir las comunicaciones de los nicaragüenses.

«Las autoridades ahora estarían con la potestad de incautar equipos donde se puedan almacenar datos (celulares, computadoras y memorias). También la Policía Nacional tendrá la capacidad de intervenir las comunicaciones y creo que este instrumento jurídico podría estar utilizado políticamente”, explicó el diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Miguel Rosales, de acuerdo a un reporte del Canal VosTV.

Los temores expuestos por la oposición se fundamentan en la actual realidad sociopolítica de Nicaragua. Tras la brutal represión del gobierno, la ciudadanía ha visto en las redes sociales uno de sus pocos espacio para protestar. De igual manera, los periodistas cuentan con plataformas digitales y las mismas redes para seguir informando.

Los intentos del gobierno por controlar las redes sociales son de antes del inicio de la crisis. En marzo del 2018, un mes antes de la Insurrección de Abril el gobierno amenazó con controlarlas argumentando combatir el ciberacoso.

Sectores de la oposición señalan que el régimen pretende utilizar estos mecanismos internacionales bajo la discrecionalidad del Estado, y controlar a los usuarios de Internet, y que además da la potestad a la Policía Orteguista a decomisar aparatos que almacenen datos como celulares, computadoras y memorias, e intervenir comunicaciones.

Un experto en el tema opina que este acuerdo “no es un nuevo instrumento represivo de la dictadura, sino una normativa internacional, pero como no hay Estado de Derecho en nuestro país, sino la ley de la selva, el régimen actúa de hecho como mejor le conviene”.

“Por ejemplo, la incautación de dispositivos susceptibles de guardar información como discos duros y teléfonos celulares es algo que viene haciendo la dictadura desde antes del 2018”, dijo la fuente.

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