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domingo, 16 de febrero de 2020

Denuncian las duras condiciones carcelarias viven 61 presos políticos.


El pasado 13 de febrero, el Gobierno de Daniel Ortega “anunció cambio de medidas cautelares de alrededor de mil personas presas. En este contexto fue posible constatar a ocho presos políticos que fueron excarcelados entre el 12 y el 13 de febrero” pero aún quedan 61, informó la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en un comunicado.

Los excarcelados fueron: Berman Cristian Cruz Tórrez (excarcelado recapturado), Jinotega, fue excarcelado nuevamente el 12 de febrero; BSUM (menor de edad). Managua; Katherine Scarleth Martínez, Managua; Lesther Renato Ruiz Narváez, Jinotepe, Carazo; Mayela Cruz López (nombre según cedula de identidad Uriel Antonio Cruz Lopez) Yalagüina, Madriz; Owen Ramses Marín Calero, Niquinohomo, Masaya; Víctor Alfonso Pérez, Masaya y un persona “que ha solicitado quedar en anonimato”.

“La cifra preliminar de personas dentro de prisión por motivos políticos asciende a 61. De éste total, 5 personas están detenidas sin acusación, 35 enfrentan un proceso judicial y 21 han sido condenadas y una de estas Yader Antonio Polanco, tiene sentencia de casación”, agrega el informe.

 “En términos de ubicación, encontramos que de las 61 personas que siguen dentro de prisión 5 se encuentran dentro de las nuevas instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, 8 se encuentran en alguna estación policial y 48 ya han sido trasladados a sistemas penitenciarios del país. En términos demográficos, actualmente hay 58 hombres y 3 mujeres presas políticas.

“10 de las personas que se encuentran dentro de prisión son personas re capturadas, es decir, presos políticos excarcelados que han sido capturados nuevamente y ahora enfrentan nuevamente cargos injustos en su contra”.

Las condiciones de reclusión de las personas presas políticas empeoran cada día. Este mes han sido reportados al menos dos casos de maltrato físico dentro de prisión sufridos por Kevin Solís, preso político re encarcelado, y María Esperanza Sánchez. Ambos reportes de maltrato son de personas prisioneras dentro de la dirección de auxilio judicial. A ello se suma las condiciones de reclusión que han ocasionado complicaciones de salud para las personas en cárceles de manera generalizada.

Como forma de protesta y resistencia ante estas condiciones y a la injusticia cometida en su contra, presos políticos dentro del sistema penitenciario Jorge Navarro en Tipitapa anunciaron, el 20 de enero de 2020, el comienzo de una huelga de hambre indefinida. 

En su comunicado, los presos políticos decidieron no hacer público los nombres de los participantes para evitar represalias; sin embargo, se sabe que la protesta ha deteriorado paulatinamente su condición de salud.

A pesar de los procesos de excarcelación que se han dado en los dos años anteriores (el último se dio a finales de diciembre de 2019), el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha cesado la persecución política en contra de la oposición. 

Este año se han reportado al menos 34 nuevas detenciones, 11 de esas personas siguen dentro de prisión al momento de la publicación de esta lista.  Muchas de estas detenciones se han llevado a cabo a través de allanamientos ilegales a viviendas o a través de secuestros perpetrados por paramilitares.

La persecución política continúa también posterior a la excarcelación de las personas. En los primeros dos meses de este año, se han identificado al menos 56 casos de persecución política, siendo el hostigamiento policial y paramilitar el más común entre ellos. 

Otro mecanismo alarmante de persecución ha sido el re encarcelamiento de personas que ya habían sido excarceladas anteriormente, sometiéndolas nuevamente a procesos judiciales injustos, interrogatorios, a hostigamiento y violencia por parte de custodios dentro de prisión.

A ello sumamos la persecución política sufrida por las y los abogados defensores, entre ellas amenazas y hostigamiento policial en sus propias casas. Señalamos esto como un nuevo patrón de persecución tanto para defensores de derechos humanos como para los presos políticos.



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