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jueves, 13 de febrero de 2020

López Obrador involucra a los empresarios en una rifa del avión presidencial plagada de incógnitas.


Ciudad de México / El País  - El embrollo sobre el destino del avión presidencial, en el que Gobierno mexicano lleva enfrascado casi un mes, cada vez se parece más a un escena de los hermanos Marx. 

Primero, se intentó vender la nave. Ante la falta de compradores, se anunció una rifa para sortearlo. Después se añadió que se trataría de una lotería simbólica, y que se daría premios a los ganadores. 

Ahora, parece que serán los empresarios los que en realidad van a pagar la lotería comprando la mayoría de los boletos. Es decir, algo parecido a aquello que decía Groucho: "¿Por qué no hacemos que la primera parte de la segunda parte contratante sea la segunda parte de la primera parte contratante?"

México lleva asistiendo entre la hilaridad y la abierta crítica a esta especie de telenovela por capítulos mientras en el país se siguen multiplicando los problemas. La violencia no se detiene y la economía cerró el año pasado en negativo por primera vez en una década. 

Muchos se preguntan cuál es la razón, por qué tanta prioridad para lo que era otro gesto simbólico de Andrés Manuel López Obrador -el avión lo compró el expresidente Felipe Calderón por 218 millones de dólares- y ha acabado convirtiéndose en un charco que cada vez salpica más incongruencias y contradicciones.

El último episodio fue el guante lanzado a los empresarios para que financiaran el proyecto del presidente. Casi un centenar de los hombres de negocios más poderosos del país -Carlos Slim, Emilio Azcárraga, OIegario Vázquez, entre otros- fueron invitados este miércoles a una cena en Palacio Nacional de la que salieron comprometidos a poner de su bolsillo 1.500 millones de pesos (80 millones de dólares) en boletos de la rifa. 

A la salida del encuentro, todos mostraron su disponibilidad para lo que definieron como “una buena causa”, además de subrayar que la  colaboración será totalmente voluntaria.

La idea de López Obrador, repetida en muchas de sus conferencias matutinas, es dedicar el dinero obtenido de la rifa no solo a sufragar los gastos del mantenimiento del avión hasta que sea posible su venta, sino también a financiar causas sociales. El presidente mexicano habló en principio de equipo médico para hospitales, pero este jueves anunció durante su rueda de prensa diaria que habrá dinero para las comunidades indígenas: “que se le entregue a los más pobres”.

Una de las grandes incógnitas de la participación de los empresarios en esta aventura -descartada la desgravación fiscal- es cuál será la contrapartida del Gobierno. ¿A cambio de qué han accedido las grandes fortunas de México a colaborar en este supuesto altruismo? 

La relación de López Obrador con la élite económica no ha sido precisamente pacífica durante su carrera política. Unas fricciones que, sin embargo, se han atemperado con los acercamientos propiciados por Alfonso Romo, jefe de la oficina de Presidencia, y una cierta neutralidad por parte del empresariado durante el año largo de la legislatura del partido en el poder, Morena.

De hecho, las relaciones con la patronal atraviesan un momento caliente tras el anuncio en noviembre de un plan de infraestructuras de 42.000 millones de dólares para los próximos cinco años, que pretende ser la palanca para relanzar la economía, junto a la agenda para acelerar la inversión extranjera en el país.

Otro de los terrenos pantanosos al que ha entrado el plan del avión presidencial tiene que ver con el fiscal general. Presente en la conferencia del lunes, Alejandro Gertz Manero escenificó ante la prensa la entrega a López Obrador de un cheque por 2.000 millones de pesos (107.500 dólares) con destino al llamado Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, una instancia rebautizada por este Gobierno que se encarga de subastar los bienes confiscados a criminales para destinarlo a políticas sociales.

“Este dinero no solo proviene de la delincuencia común, viene también de la delincuencia de cuello blanco, y es un procedimiento legal. Ya nos sirve si son 2.000 millones de pesos para pagar los premios del avión presidencial”. 

Esta fue la única explicación del presidente sobre la entrega del dinero, una práctica cuando menos poco usual y de la que se desconocen más detalles. ¿Se trata de una confiscación? ¿Un embargo? ¿Existe una sentencia firme de por medio?

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