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lunes, 9 de marzo de 2020

“Las mujeres en Nicaragua son víctimas de un estado cómplice de la violencia”.


Tomado de Diario Libre / Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, los movimientos feministas de Nicaragua no saldrán a las calles a manifestar sus demandas, como en la mayoría de países del mundo, porque desde hace 5 años se les ha negado el derecho a la libre movilización.

Hasta la fecha se han reportado 13 femicidios y las feministas aseguran que el Estado no está dando las respuestas adecuadas.

Conversamos con María Teresa Blandón, feminista nicaragüense, quien habla sobre la situación que viven las mujeres en el país.

¿Cómo es el panorama en el que el movimiento feminista vivirá este 8 de marzo?

El panorama es desalentador, es un contexto de autoritarismo, de  violación de derechos y libertades a la ciudadanía en general, de represión que no cesa, también digamos que de un duelo acumulado por las miles de familias que han sido víctimas de represión, de persecución, de asedio, de agresiones de todo tipo coludidas con las instituciones y funcionarios del Estado, con el cuerpo policial, militares.

También es un panorama de crisis económica que afecta cada vez más a las familias nicaragüenses, en donde las mujeres llevan la peor parte por sus responsabilidades con los hijos.

Es también un estado de temor y angustia,  de indignación y yo diría que también de incertidumbre, por lo que pueda pasar en el futuro.

¿Con qué actividades celebrarán este 8 de marzo?

Las actividades no son específicas para el 8 de marzo, sino que planeamos varias actividades que se han realizado a lo largo de la semana, incluyendo una intensa agenda en medios independientes de comunicación, que son los que se han comprometidos a reconocer la situación de las mujeres y sus demandas en distintas ciudades del país.

En Matagalpa se hizo una conferencia de prensa, se han hecho foros, en Managua el 8 se van a hacer distintas actividades bajo techo, porque tenemos prohibido marchar, porque el régimen de Ortega Murillo no nos deja marchar, nos tiene suspendido el derecho a la libre expresión y libre movilización.

¿Desde cuándo el movimiento de feminista de Nicaragua no puede marchar?

Las feministas no hemos podido marchar desde 2015, porque ya desde esas fechas el régimen Ortega Murillo mandó a la policía a impedir que marcháramos, de hecho nos dejaban reducidas a un espacio de 100 metros y de ahí no podíamos salir, pero ya en el año 2017 hicieron cosas tan absurdas como detener buses en Masaya para que no vinieran a la marcha las mujeres.

En Matagalpa venían los buses, los retuvieron y revisaron a todas las mujeres de tal manera que no pudieron venir a tiempo a la marcha convocada por las organizaciones feministas. Lo mismo hicieron con las que venían de Chinandega o desde León.

En ese momento ya reveló su clara intención de que el movimiento de mujeres no se movilizara por las calles.

¿Eran vistas como voces disidentes por el gobierno Ortega Murillo?

En realidad el movimiento feminista siempre ha sido crítico, ha sido  autónomo, pluralista,  no tiene afiliación político partidaria, pero su papel es reclamar derechos para el conjunto de las mujeres y los jóvenes.

Su papel es poner el dedo en la llaga, denunciar cuando el Estado no está tutelando ni garantizando los derechos de las mujeres. El papel es denunciar las violaciones a los derechos humanos, pero los gobiernos autoritarios no soportan las denuncias de los movimientos sociales autónomos, críticos,  por eso recurren a estrategias coercitivas.

De hecho, doña Rosario Murillo y su marido recurrieron todo este tiempo a una infame campaña de desprestigio y estigmatización en contra de las activistas de las organizaciones feministas, porque quería callar las voces críticas. Esto ocurrió en los 80 y vuelve a darse en la segunda venida de Daniel Ortega, ahora acompañado por su mujer.

El gobierno asegura que es uno de los países con mejores índices de equidad de género, ¿cómo lo ven los movimientos feministas en la práctica esta aseveración gubernamental?

Esto lo señaló el Foro Económico Mundial hace unos años y realmente es un ejercicio de mínimus, es decir, lo que el foro hace es comparar cuantitativamente, porque no hay  ninguna valoración cualitativa. Es una comparación de cuántos hombres y cuántas mujeres participan y tienen presencia en cargos de elección popular y en cargos en el Estado.

En ese sentido, no me extraña que Nicaragua haya aparecido en los primeros lugares e incluso paradójicamente junto a Suecia en materia de  género, pero no estamos hablando de la calidad de la participación, no estamos hablando de políticas públicas, ni de reducción de brecha de desigualdad, ni de temas de empleo o de acceso a la tierra. No estamos hablando tampoco de temas cruciales como la violencia de género.

¿Cómo valoran el papel de la Policía Nacional en el esclarecimiento de femicidios y de otros delitos contra la mujer?

El tema es que la violencia contra las mujeres ha sido constante y como una constante también de Estado. El tema con estos 13 años de gobierno Ortega-Murillo ha sido que no solo han actuado mal, sino que se han convertido en cómplices de la violencia contra las mujeres y las niñas, no solo por omisión, sino por acción.

El primer ejemplo es que se vieron forzados a aprobar la Ley 779,  pero Daniel Ortega le encaramó un reglamento extemporáneo e ilegal, pero además es un reglamento que distorsiona el propio objeto de la ley.

Eso es complicidad, porque cómo es que un gobierno aprueba una ley y el Poder Ejecutivo, 8 meses después, desbarata lo que aprobó el Legislativo. Ahí hay una clara intención de debilitar un instrumento legal que definía con toda claridad qué se debía entender por violencia de género y cómo debería de actuar el Estado.

El segundo ejemplo es el cierre de las comisarías de la mujer, que se habían creado con el gobierno de doña Violeta, ¿cuál es el sentido?, era evitar que las mujeres fueran a interponer denuncia. Es decir, la policía le cerró las puertas a las víctimas, que eran mujeres, niñas y también eran niños.

Previo al cierre de las comisarías había un proceso de revictimización cometida por los propios oficiales.

La tercera cosa está en el estado de prevención. El Estado debe no solo sancionar, sino prevenir con campañas en sus medios y no desarrollar un discurso complaciente que minimiza la verdad de la violencia.

Hace muy poco, la señora Murillo y el director de la sancionada Policía que la violencia contra la mujer es un problema de comunicación de la pareja. Cómo están diciendo eso cuando la ley deja claro que la violencia es producto de las relaciones desiguales de poder entre hombre y mujeres.

Además, el propio gobierno con todas sus estructuras partidarias hace un discurso que les orienta a que se callen.

Para colmo de los males ha ocultado las estadísticas, han clasificado de manera incorrecta los femicidios. Además de que cambiaron la tipificación para mantener estadísticas bajas, no ha habido respuesta para las víctimas y sus familias.  Muchos femicidas están libres y otros tras las rejas pero sin haber sido juzgados, por la retardación de justicia que hay en el sistema.

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