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jueves, 5 de marzo de 2020

Madres nicaragüenses en busca de justicia.


Diario de Mallorca. Josefa Meza y Lizeth Dávila son dos madres nicaragüenses que, a su vez, son víctimas y perseguidas. Sus hijos fueron asesinados por paramilitares que luchaban por el presidente del país, Daniel Ortega, y no solo no han conseguido hacerles justicia. 

Ahora tienen en su contra al régimen, que las hostiga, margina a sus familias y obstaculiza su lucha contra la impunidad de quienes segaron la vida de los suyos. Ayer relataron su historia en la UIB e hicieron un llamamiento a la comunidad internacional para que se movilice “ante los crímenes de lesa humanidad de esta dictadura”.

Según relataron estas ‘Madres de abril’ en el marco de la jornada Por una Nicaragua libre. Reflexión, debate, comprensión y lucha contra las dictaduras y su retorno, los hombres de Ortega no solo tenían encomendado disipar las protestas contra sus políticas. Iban a liquidar literalmente la disidencia. 

“Los francotiradores que dispararon a mi hijo tiraban a matar. Apuntaban a cabeza, cuello y pecho”, explicó Dávila, que relató cómo su hijo Álvaro, un estudiante de secundaria de 15 años que se sumó a las marchas de abril contra la reforma del seguro social cayó abatido de un disparo en el cuello.

Los hospitales públicos, controlados por el régimen, no le atendieron. Cuando murió ni siquiera pudo darle el último adiós. “El país estaba en caos, la Policía impedía el acceso a los cementerios públicos, no me pude despedir bien”, prosiguió, para agregar que la única reacción del Gobierno a este asesinato fue la represión.

“En Medicina Legal hacían firmar un documento que constataba que la víctima había muerto de forma natural para eludir responsabilidades, cuando tenía orificios de bala. La Policía no recepcionó la denuncia y la Fiscalía nos decía que quién me garantizaba a mí que la Policía había disparado a mi hijo”, denunció Dávila, quien incidió en que eran las autoridades quienes tendrían que haber abierto una investigación. “¿Por qué no lo hicieron? Porque fueron ellos”, clamó.

En lugar de tratar de esclarecer la causa de la muerte, el Gobierno intentó comprarla. “Vinieron a mi casa la alcaldesa de Managua y la ministra de Salud con un cheque en blanco”. Al negarse a aceptarlo quedó marcada. Ni ella ni su familia tienen derecho ahora a educación o salud gratuitas.

Igual de desoladora es la vivencia de Josefa Meza. Su hijo Jonathan, un estudiante universitario de Diseño Gráfico de 20 años, salió a manifestarse justo un mes después. Ya no volvió a casa. “Me llamaron de un hospital y me dijeron que mi hijo estaba herido. 

Había recibido un disparo de un francotirador en el centro del cerebro”, expuso Meza, quien relató cómo se unieron todas las madres de jóvenes asesinados -unos 228 contabilizados, aunque la cifra sigue subiendo- para denunciar ante la comunidad internacional “la impunidad de estos crímenes de lesa humanidad” en Nicaragua y pedir a otros gobiernos que presionen “y caigan las sanciones a esta dictadura”.

Al mismo tiempo, estas madres levantaron en la Universidad Centroamericana (UCA) un Museo de la Memoria y contra la Impunidad en el que aparecen semblanzas de los asesinados “para dignificar a nuestros hijos” y disputar la narrativa oficial que les criminaliza, unos relatos que también se recogen en www.museodelamemorianicaragua.org.

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