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miércoles, 4 de marzo de 2020

“Nuestras preocupaciones más altas son los derechos humanos en Venezuela y Nicaragua”.


Latinoamérica está en ebullición política y social. Las protestas, los abusos sistemáticos, la discriminación y el auge de políticas autoritarias por gobiernos de izquierda y derecha dibujan un escenario de tensión que atraviesa el continente.

En este contexto, el mexicano Joel Hernández (Ciudad de México, 1962) ha asumido la presidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el principal órgano encargado de proteger y vigilar los derechos fundamentales en la región. 

“Estamos en un momento desafiante”, afirma en entrevista Hernández, que empezó su mandato el 2 de marzo y lo concluirá en 2021. “Las preocupaciones más altas de la Comisión son los derechos humanos en Venezuela y Nicaragua”, detalla el funcionario.

Hernández, abogado especialista en derecho internacional y diplomático con 28 años de experiencia, fue representante de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA) de 2011 a 2013 y fue nombrado en 2017 para ser uno de los siete integrantes de la Comisión para el periodo 2018-2021.

El objetivo principal de su gestión al frente de la CIDH es que el organismo tenga un mayor impacto. Es decir, que más países acaten las recomendaciones y medidas cautelares que se emiten. “Los derechos humanos han dejado de ser competencia exclusiva de los Estados y se han afianzado también como una preocupación internacional”, apunta Hernández desde Haití, donde se celebra el periodo de sesiones del organismo.

El diagnóstico del comisionado es que tras la última ola de democratización y crecimiento económico que experimentó América Latina en las últimas dos décadas, hoy prevalece una insatisfacción por las desigualdades económicas, las demandas de desarrollo incumplidas y el cierre de espacios democráticos que se habían conquistado. 

“Eso es lo que observamos en las protestas del año pasado en países como Ecuador, Chile, Bolivia y Haití”, dice, aunque matiza que será difícil identificar cuáles serán los focos rojos en la región porque las dinámicas son cambiantes y difíciles de predecir. “Era muy difícil de prever todo lo que se dio en 2019”, asegura.

Pese a eso, Hernández admite que Venezuela y Nicaragua están en su lista de prioridades. “Es en donde la Comisión no ha logrado tener acceso, donde no se han cumplidos las recomendaciones y donde existe una vulneración profunda a los derechos humanos”, señala el diplomático.

La relación entre la CIDH y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha sido particularmente ríspida. Maduro impidió el pasado 4 de febrero una visita de trabajo del organismo. Antes, en abril de 2019, su Gobierno anunció su salida de la OEA, después de que la organización aceptara las credenciales del representante de Juan Guaidó, reconocido como el mandatario legítimo de Venezuela por más de 50 países.

La resistencia de Maduro a someterse al escrutinio internacional ha sido recurrente. La Comisión ha intentado concretar esa visita de trabajo desde 2003. “El objeto era recabar de primera mano testimonios e información sobre la situación imperante en Venezuela y al mismo tiempo establecer un diálogo con las autoridades porque para hacer un diagnóstico objetivo se tiene que escuchar a todas las partes interesadas”, indica Hernández.

El comisionado dice que no tiene planeado visitar Venezuela durante su gestión, aunque enfatiza en que la adhesión de Caracas a ciertos instrumentos internacionales, como convenciones contra la tortura o la violencia machista, dan facultades a la CIDH de vigilar lo que sucede en el país sudamericano.

La CIDH dio seguimiento a las protestas que iniciaron en abril de 2018 en Nicaragua contra el Gobierno de Daniel Ortega y hubo, incluso, cierta apertura al escrutinio. Un informe demoledor sobre la grave situación del país centroamericano colmó la paciencia de Ortega y la CIDH tuvo que monitorear desde entonces la situación desde Washington. Hernández asegura que abogará por una visita en el terreno al país centroamericano y buscará establecer un diálogo más fluido con organizaciones civiles y las autoridades.

La elección de Hernández se produce en un contexto en el que México busca recuperar su protagonismo en Latinoamérica. El Gobierno mexicano tiene este año la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), un mecanismo regional similar a la OEA que excluye a Canadá y Estados Unidos. México tuvo también gran protagonismo al asilar temporalmente al expresidente Evo Morales, lo que creó tensiones a finales de 2019 con el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantiene, además, discrepancias con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien ha anunciado su intención de reelegirse el próximo 20 de marzo. La diplomacia mexicana no es partícipe de la continuidad de Almagro, y en cambio, busca apoyos en favor de la diplomática ecuatoriana María Fernanda Espinosa. “Lo que vemos responde a que México siempre ha apostado por el multilateralismo y por apoyar a los organismos internacionales”, defiende el presidente de la CIDH.

Entre miradas que ven con suspicacia el relanzamiento de México en la región, Hernández sostiene que si bien fue postulado por su país, él ocupa su cargo como un experto independiente. Su gestión tiene la mira puesta en Bolivia, que visitará a finales de julio, dos meses después de las votaciones del próximo 3 de mayo y en medio de una de las crisis políticas más profundas del continente.

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