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jueves, 5 de marzo de 2020

¿Qué implican las sanciones a la policía de Ortega?


Las sanciones que anunció la administración norteamericana por medio del Departamento del Tesoro representan, indudablemente, un cambio de rumbo en la política de Estados Unidos hacia el régimen de Ortega.

Hasta ahora, las sanciones se habían aplicado a personas, la mayoría de ellas miembros de la camarilla gobernante, aunque algunos no desempeñaban cargos públicos. En general, las imputaciones eran por corrupción o por violaciones a los derechos humanos.

Si bien algunas instituciones habían sido objeto de sanciones, se trataba de empresas privadas propiedad privada de la familia gobernante. Las más relevantes fueron el banco de la familia, el Bancorp, y la empresa distribuidora de combustibles, DNP. En ambos casos los señalamientos fueron de servir como mecanismos de lavado de dinero.

Más allá de las sanciones a los comisionados policiales Valle Valle, Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina, responsabilizados de estar al frente de actos de represión a la población, en esta ocasión lo impactante es que por primera vez las sanciones se dirigen a una institución del Estado.

De entrada, hay dos ángulos para apreciar la trascendencia de esta decisión. De un lado está el ángulo político. Recordemos que el anuncio de las nuevas sanciones estuvo precedida de una solicitud formal, suscrita por dos líderes del Senado estadunidense, en la que demandan una posición más enérgica tanto a la administración Trump, como a la comunidad internacional.

Lo notorio es que los promotores de la resolución pertenecen, uno al partido Demócrata y otro al partido Republicano. El régimen de Ortega tiene el mérito muy poco decoroso de ser uno de los pocos temas que genera consenso bipartidista en el congreso norteamericano.

Al propinar este golpe contundente, parece evidente que las instancias de poder en Estados Unidos, después de algunas condescendencias, están optando por jugar bola recia con la dictadura orteguista.

De otro lado están las repercusiones. Recordemos que la policía de Ortega está relacionada con múltiples empresas privadas, nacionales e internacionales, que proporcionan equipos, materiales, suministros y servicios de carácter civil. 

Desde vehículos y repuestos, hasta papelería y artículos ferreteros. Además, la policía, como institución, es propietaria de empresas y dispone de una institución de seguridad social que administra los fondos de pensiones de los oficiales. Todas estas actividades implican transacciones financieras que circulan por los bancos.

Como sabemos, las sanciones amenazan también a personas privadas y empresas que realicen contratos y transacciones con las personas e instituciones sancionadas.

Así que, además de la repercusión política, se ponen en agenda trastornos económicos e institucionales que afectarán el funcionamiento del principal órgano represivo de Ortega.

La nueva dinámica que abren las sanciones es menester colocarlas en el contexto de las relaciones económicas de Nicaragua con Estados Unidos. A este respecto conviene reseñar:

• El principal socio comercial de Nicaragua es Estados Unidos. Es el mayor proveedor de los productos que consumimos, así como de insumos, equipos y repuestos a industrias y producción agropecuaria. Recientemente se convirtió en el principal abastecedor de petróleo y combustibles. 

De otro lado, es el principal destino de las exportaciones de mercancías del país, las cuales ingresan libres de gravamen, al amparo del tratado de libre comercio, el CAFTA, lo cual permite competir favorablemente con las exportaciones de otros países. Más del 40% de nuestras exportaciones se destinan a Estados Unidos.

• A lo anterior debemos sumar las exportaciones de las zonas francas. El empleo de más de cien mil trabajadores nicaragüenses, principalmente mujeres, depende de estas exportaciones.

• Estados Unidos es el principal socio del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y del Banco Mundial. Ambas instituciones internacionales canalizaron en años recientes importantes flujos de recursos al régimen. Y si bien Estados Unidos ya no tiene poder de veto, sí preserva una influencia dominante que, si nos fijamos bien, ya está operando y seguramente se encuentra detrás de la drástica disminución de los desembolsos financieros en el 2019.

La principal fuente de remesas familiares es Estados Unidos. Más de la mitad de los dólares que ingresan en este concepto provienen de ese país. En el 2018 fueron más de 800 millones de dólares, cifra que representó más del 50% de las remesas de ese año. Y según el último dato que publicó el Banco Central, la tendencia para el 2019 auguraba que cifras serían superadas. Las remesas constituyen una de las principales palancas económicas y sociales del régimen.

Contribuyen a mitigar las penurias derivadas del desempleo creciente y de la pobreza. Contribuyen al consumo de las familias. Contribuyen a generar ingresos fiscales por la vía del impuesto de ventas. Contribuyen a que las actividades económicas no sufran un desplome mayor. Contribuyen a transacciones y depósitos bancarios. Y, como son divisas limpias que ingresan al país libres de polvo y paja, inyectan dólares a las reservas del Banco Central.

• A lo anterior podemos agregar el papel del turismo y de las inversiones de empresas y empresarios provenientes de ese país.

La medida estremece los cimientos de poder del régimen y con seguridad hay jerarcas e instituciones que están remojando sus barbas. Por otro lado, los lazos de dependencia económica con Estados Unidos, obligará a la camarilla gobernante a medir y meditar bien sus próximos pasos. Estamos a las puertas de un nuevo escenario.

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