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lunes, 30 de marzo de 2020

“Régimen debe dar a conocer el plan de contingencia a la pandemia del Covid-19” Dayra Valle de Expediente Publico.


Por Danny Pérez García. Especial para SNN / El virus de la corrupción, ciertamente, es tan letal como la pandemia del Covid-19. El virus de la corrupción en Nicaragua, tal pareciera no tiene antídoto, y esta galopa desenfrenadamente a lo largo de su historia y de gobiernos que han sumido en la pobreza, el subdesarrollo sin final, convirtiéndolo en un desventurado país.

 En Nicaragua, el virus de la corrupción se apoderó de todas las instituciones del estado, en donde el Ministerio de Salud –MINSA- no es la excepción, oscuras licitaciones, promovidas por las autoridades de la salud, así lo han ejemplificado, en donde los que participaban en estas licitaciones millonarias, por ser parte de las estructuras del régimen, siempre eran beneficiados.

Práctica que ha incidido sustancialmente en que hoy, ante la amenaza de la pandemia del Covid-19, el sistema de salud no cuente con los suficientes recursos, para hacerle frente a esta gravísima emergencia sanitaria, que pende como espada amenazante, sobre la vida de cada uno de los nicaragüenses.

Dayra Valle, investigadora, miembro de “Expediente Publico” ha realizado investigaciones exhaustivas sobre esta pandemia de la corrupción, y en exclusiva, para el estelar programa radial Impacto 540, de Radio Corporación, expone sobre este tema, y de ¿cómo y desde cuándo? Se respiran aires de corrupción en el país. 

“El tema de la corrupción está muy vinculado, aunque no lo querramos, a la pandemia del Covid-19 que estamos viviendo” afirma de entrada la investigadora.

“Lamentablemente el tema de la corrupción –agrega-  es que vivimos en un sistema en el cual tenemos la presencia de corrupción endémica, lo que significa que es como un cáncer, es similar al coronavirus, que impregna todo el sistema inmunológico y lo bate completamente”.

“La corrupción que tenemos actualmente –añade- es una corrupción que se ha venido cultivando por muchos años e impregnando todas las instituciones públicas, pero no solo del poder ejecutivo, sino que también de los diferentes poderes del estado” aclara la investigadora, Dayra Valle. 

 La investigadora, lamenta, el hecho de que no exista independencia en los poderes del estado en el país, lo que, a su criterio, ha provocado que la corrupción en todos los poderes del estado, tenga presencia.

“Hemos estado viendo diferentes tipos de corrupción a lo largo de muchos años –asegura- y recuerda que hace quince años atrás se hablaba de pequeña corrupción, es decir esa corrupción de pagos de coimas, coimas asociadas a ciertos servicios si querías agilizar un trámite, si querías que te dieran una aprobación, por ejemplo, el mismo pago de algún tipo de pago de coima, para el tema de evitar multas de diferentes instituciones del estado”.

Dayra Valle, investigadora, miembro de “Expediente Publico, ahora se refiere al tema de la deuda pública, ejemplificando que este gobierno, para solventar mucho de la cooperación internacional, de los préstamos internacionales -los que en su opinión se han venido disminuyendo- esto lo que realmente ha hecho es compensar, adquiriendo nuevos préstamos y esto ha engrosado la deuda pública, que nosotros como nicaragüenses debemos de pagar.

“Con esto finalmente estamos endeudados nosotros –advierte- están endeudados nuestros hijos, nuestros nietos y esto es parte también de la “estela” de las consecuencias que deja la corrupción”.

La investigadora sobre temas de corrupción, previene, que, ante esta endémica práctica de corrupción, resulta prácticamente imposible salir de la pobreza, alcanzar desarrollo humano porque resulta ser, que como con una mano, querramos resolver algo que con el resto del cuerpo no estamos ayudando.

“Realmente la corrupción de estos males, -previene-  afecta definitivamente y de manera directa, los derechos humanos, pensemos en una malversación de recursos públicos, en instituciones por ejemplo como el Ministerio de Salud -MINSA- el Ministerio de Educación, -MINED- en donde sí se malversan los recursos públicos, son recursos que se dejan de percibir, por ejemplo, solventar las medidas preventivas al contagio del Covid-19, de la atención primaria en hospitales, centros de salud, casas maternas, y todo lo demás.

“La corrupción institucional, son recursos públicos que se dejan de percibir -agrega- igual pensemos en el sector educación, son menos niños en las escuelas, además menos condiciones de calidad en las escuelas, menos cobertura, menor mejoramiento de infraestructura, es decir, la corrupción realmente está vinculada a la violación de los derechos humanos –reitera-

“Un país que es altamente pobre, es más vulnerable –subraya la investigadora- a los hechos de corrupción, y por ende esto no ayuda a solventar el tema de los derechos fundamentales de su población”.

Dayra Valle, investigadora y miembro de Expediente Publico, admite que ella en lo personal, no ha visto resultados benéficos para la población, como resultado de la cooperación venezolana, por el orden de unos 4 mil 500 millones de dólares, no ha visto concretarse los megaproyectos, anunciados por ALBA, como, por ejemplo, sería la refinería denominada, el sueño bolivariano, entre otros.

“Realmente no, lamentablemente, esa cooperación venezolana ha sido para el beneficio de la familia Ortega-Murillo y allegados de esta familia –afirma Dayra Valle- y agrega que parte de la investigación que Expediente Publico está realizando, “vislumbra” que hay todo un “entramado de corrupción” que beneficia a empresas, a ciertos proveedores asociados, desde luego a la familia gobernante, pero también a testaferros de funcionarios públicos relevantes, muy vinculados a la familia en el poder”.

“Es decir este es un pastel –añade- que se han comido entre ellos, y desde luego la población nicaragüense “no ha visto absolutamente nada” solo ha visto desmejorada sus condiciones y calidad de vida”.

Dayra Valle, enfatiza, ser importante el tema vinculante de la falta de acceso a la información pública, la falta de disponibilidad a la información, como también se ha tenido que enfrentar a todas luces con el gobierno, con el estado nicaragüense, dotado de todos sus poderes, como es ahora el hecho que se da en esta pandemia del Covid-19.

“Y esta falta de información sobre lo que sucede en esta pandemia, es que si nosotros comparamos que ¿es lo que se ha hecho en esta emergencia sanitaria? –pregunta la investigadora- para luego agregar que se sabe que hay fases que están sucediendo en el desarrollo de la pandemia, en donde la primera etapa es la de preparación, en la cual el gobierno de Nicaragua, debió haber preparado todas las condiciones, es decir la pandemia no nos cayó, como algo que llueve hoy y es algo que tenemos que salir hoy mismo a solventarlo, no, sentencia.

“De esta pandemia se tienen noticias desde hace meses atrás, entonces en la etapa de preparación, el gobierno de Nicaragua, debió haber preparado –insiste- las condiciones para enfrentar la pandemia, por ejemplo, que tipo de información comenzó o debió de haber generado medidas de prevención asociados al tema, en donde están por ejemplo los protocolos, las normativas para atender los casos en los hospitales, en los centros de salud a nivel nacional, pero también ¿Cómo estaban los inventarios en los hospitales? Es decir, si había las condiciones para atender en cuanto a medicamentos, en cuanto a camas, a personal médico”.

“Entonces esta etapa de preparación pasa por un tema de adquisiciones y realmente yo he revisado el plan anual de adquisiciones del MINSA para este año -2020- y tiene alrededor de 6 mil procedimientos, es decir, 6 mil compras que se van a realizar, pero es un plan que se apega a lo que hace año con año el MINSA, en donde “no” se visualiza que estuviese preparando para la situación de emergencia, que ameritaba la epidemia del Covid-19. –desvela.

“Esta situación pasa desde luego por un tema de “gestión pública” de gestión de las adquisiciones, y como decíamos no se crearon todas esas condiciones y ahora lo que vamos a ver lamentablemente son consecuencias “funestas” para la población nicaragüense, que tenga que asistir a los centros hospitalarios, o centros de salud públicos” advierte la investigadora.

“Expediente Publico” el año pasado -2019- hizo un trabajo en el tema de vincular las adquisiciones de medicamentos, en donde se logró comprobar y demostrar que los grandes proveedores de medicamentos de este país, estaban asociados con empresas de funcionarios públicos, diputados de la Asamblea Nacional, o testaferros de estos, es decir gentes allegadas al partido de gobierno, y también a la familia gobernante.

“También algunas empresas constructoras están “coludiéndose” –desvela la investigadora de Expediente Publico-  para realizar grandes obras y quiero mencionar, por ejemplo, que el año pasado se comenzaron dos megaproyectos en el sector salud, que son sumamente importantes y que se van a desarrollar prácticamente del -2019 al 2021- estamos hablando de la construcción del hospital de Ocotal, estamos hablando de más de 70 millones de dólares, y la construcción, la rehabilitación del hospital de León, Oscar Danilo Rosales, aquí estamos hablando de alrededor de 105 millones de dólares”

“Se debe mencionar también el caso del hospital de Chinandega, que se ha venido –agrega- sacando dinero público desde hace varios presupuestos, para su rehabilitación y mejoramiento, estos son proyectos de gran envergadura, sobre los cuales lamentablemente “sabemos muy poco”, y de ahí viene todo el tema de la transparencia en la gestión, del acceso a la información, pero también de la obligación de “rendición de cuentas” y eso es parte de lo que hemos evidenciado en el trabajo que hemos realizado como Expediente Publico” enfatiza Dayra Valle.

La investigadora, en la continuación de su intervención en Impacto 540, de Radio Corporación, aborda el tema del negocio de las clínicas previsionales, que estarían controladas por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social –INSS- “En esto hay todo un tema público-privado, estamos hablando del sector de salud público, con los hospitales, los centros de salud, y las Empresas Medicas Previsionales, que son controladas también por el aparataje público” detalla.

“Estas Empresas Medicas Previsionales, por ejemplo –agrega la investigadora Dayra Valle- los controles que reciben de parte de las instituciones públicas son “deficientes” y en cuanto a la relación que tienen con el INSS los controles que este ejerce sobre estas, son también ineficientes, muchas denuncias que se han llevado en contra de estas clínicas médicas previsionales, no son resueltas y además debe preguntarse ¿qué tanto están preparadas estas clínicas médicas previsional para atender en esta emergencia de la pandemia del Covid-19?

Para la investigadora, de Expediente Publico, Dayra Valle, la decisión del gobierno de no dar permiso, autorizar, a hospitales privados la adquisición de test de pruebas del Covid-19, obedece a que eso sería soltar el control de la información, de la cantidad de información de casos, que eventualmente se generarían.

“En parte, permitir que otros hagan las pruebas del Covid-19 para el gobierno significa que se genere información y esto no es nuevo, este régimen tiene la política total de “secretismo” y esto es algo que ya lo hemos dicho en repetidas investigaciones, y no solo para este tema, por tanto, reitero que la negativa del gobierno de autorizar la adquisición de test de pruebas para detectar contagio de Covid-19 es con el objetivo de mantener el control máximo de la información, en una situación de pandemia, en donde se requiere información real del día a día ” asegura, Dayra Valle, investigadora de Expediente Público, en el transcurso de su intervención en Impacto 540, de Radio Corporación, reproducida por el Servicio Nicaragüense de Noticias –SNN-.   


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