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lunes, 4 de mayo de 2020

El Gobierno de Ortega minimiza los casos de la covid-19 mientras crecen las alarmas en los hospitales.


 Antes de cada mediodía, el doctor Carlos Sáenz cumple la misma rutina. Se sienta en una mesa flanqueada por una bandera del Frente Sandinista y otra de Nicaragua. Arregla su bata almidonada y también acomoda las hojas que trae en las manos. 

“¿Estamos listos?”, pregunta el médico a los camarógrafos de los canales del Gobierno de Daniel Ortega. De inmediato, en su calidad de secretario general del Ministerio de Salud (Minsa), lee en televisión una maraña de cifras incomprensibles, de manera que saber cuántos casos positivos y sospechosos de la covid-19 existen en este país centroamericano se torna un acertijo.

"Al día de hoy (4 de mayo) tenemos, tres personas con covid-19 : uno, delicado y atendido. Dos, delicados, pero estables”, afirma Sáenz con parsimonia. Y agrega: “El día de ayer, teníamos 15 personas en seguimiento responsable y cuidadoso. De ellas, han cumplido el período reglamentario, tres personas, que hoy pasan a resguardo domiciliar. Quedan, por tanto, 12 personas, a las que se suman hoy cuatro más, para un total, esta mañana, de 16 personas en cuidado y monitoreo responsable y permanente”.

Lo único claro en las declaraciones del funcionario y que repite en tono de consigna oficial, es que en Nicaragua no hay “transmisión local comunitaria”. Sin embargo, en los hospitales públicos y privados de Nicaragua la realidad es otra. En las últimas semanas, los médicos ven con alarma un brote de insuficiencias respiratorias agudas y neumonías atípicas, frente a la actitud despreocupada del Gobierno de Ortega, una tendencia que se ha dado, no obstante, en otros lugares del mundo. 

La presidencia minimiza la pandemia. Insiste que el sistema de salud tiene controlada la covid-19, al mismo tiempo que la vicepresidenta, Rosario Murillo, atribuye a una especie de favor divino la supuesta contención del virus.

Pero el secretismo imperante en torno a la pandemia, la falta de pruebas masivas para determinar el avance real del virus, los pacientes hospitalizados con síntomas de la covid-19. A la vez que conducen a doctores —como el neumólogo Jorge Iván Miranda, quien ha atendido a casi un centenar de pacientes sospechosos de contagio—a concluir que el Gobierno de Ortega “oculta” los casos de la covid-19.

Un esquema difícil de detectar debido al celoso control de la información pública impuesto por del régimen sandinista, pero cuyo punto de partida –al menos el más visible– son las lecturas de las cifras rocambolescas que hace el secretario general del Ministerio de Salud en televisión.

Nicaragua se ha vuelto el único país del mundo donde los casos positivos de coronavirus disminuyen y nunca aumentan. Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta 14 casos positivos y cuatro muertes por coronavirus, en las cifras del doctor Sáenz los contagios jamás sobrepasan los tres pacientes. 

Cuando mucho, bajan de cuatro a tres, de tres a dos, y de dos a uno, pero jamás se elevan. El Gobierno excluye de la estadística oficial a los pacientes que se han recuperado de la enfermedad o quienes han fallecido. Lo mismo sucede con los casos sospechosos.

Epidemiólogos como el doctor Leonel Argüello han criticado este confuso juego de cifras, y aseguran que no se puede excluir de la estadística oficial de casos positivos a las personas recuperadas o fallecidas. El Minsa identifica a los pacientes únicamente “como señores o señoras” de "equis edad”, lo que dificulta más seguir la pista a las cifras.

Más de 300 profesionales de la salud —entre ellos médicos del sector público— demandaron al Gobierno transparentar los datos sobre la pandemia. En una carta pública exigen usar “estándares epidemiológicos internacionales, y lenguaje técnico y claro”. Pero al margen de la triquiñuela estadística sandinista, los doctores consultados por este diario advierten que la verdadera dimensión del subregistro de los casos de coronavirus está relacionada con las pruebas de la covid-19.

El Gobierno de Ortega se niega a revelar cuántas pruebas de la covid-19 han practicado desde que en Nicaragua se registró el primer caso el pasado 18 de marzo. De acuerdo con un documento interno del Minsa, que fue filtrado por médicos estatales, en el país se realizan únicamente 50 pruebas diarias para una población de 6,3 millones. 

Los epidemiólogos critican que dicha cantidad de pruebas resulta insuficiente para detectar con rigor la propagación del virus. Aunque la falta de muestreo masivo también ha sido una deficiencia en otros países latinoamericanos, en Nicaragua adquiere otra connotación, que apunta al encubrimiento de la epidemia debido a la introducción de un nuevo término por parte del Minsa, bautizado como “casos indeterminados”.

El Minsa centraliza la aplicación de las pruebas en Managua con mano de hierro, y los resultados de las mismas son tratados casi como secreto de Estado. Los hospitales privados tienen prohibido realizar pruebas ante las sanciones, lo que provoca un cuello de botella ante la demanda creciente de pacientes. 

Los centros hospitalarios están abarrotados con personas que presentan cuadros clínicos relacionados al coronavirus, porque, según los especialistas, la curva de contagio ya tomó impulso en el país centroamericano.

“Cuando remitimos una muestra de un paciente al Minsa para la prueba, no nos entregan el resultado. Solo de forma verbal comunican el diagnóstico, pero no tenemos acceso a un documento, al detalle del análisis de laboratorio”, dice a EL PAÍS el internista e infectólogo Carlos Quant. 

“La mayoría de los resultados ahora son declarados indeterminados. Es la manera de mantener el ocultamiento”, alerta Quant, uno de los pocos doctores del sistema de salud público que se atreve a criticar a las autoridades.

“Indeterminado” significa que la prueba de laboratorio —llamada “Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)” — detectó poca carga vírica de la covid-19 en la muestra de un paciente. Los doctores consideran inaudito que, ante un contexto de pandemia, el Minsa no registre como positivo un resultado de esta naturaleza. 

En cambio, la autoridad sanitaria comunica por teléfono al médico que el caso es “indeterminado” y no orienta tratarlo con los protocolos de protección.

“He remitido al Minsa más de 100 muestras para pruebas de la covid-19, y solo tres han resultado positivas. El resto han sido catalogadas como indeterminadas. Eso es abusar de un tecnicismo que solo en Nicaragua existe, porque los protocolos internacionales te indican que si el paciente tiene síntomas, y la carga vírica es poca o nula, debes realizar otra prueba 48 horas después, pero eso no sucede en este país”, critica por su parte el neumólogo Jorge Iván Miranda. El Minsa mantiene en secreto el número de pruebas que han declarado como “indeterminadas”.

Los riesgos de los “indeterminados” son temidos por los médicos. A finales de abril, un trabajador de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) asistió a un hospital con síntomas de la covid-19. El Minsa le aplicó la prueba y el resultado fue “indeterminado”.

El paciente fue dado de alta, pero luego regresó en tres ocasiones al hospital con una afectación respiratoria en aumento. Uno de los doctores que atendió al obrero ahora tiene síntomas.

Durante las primera semanas de la pandemia, el Minsa restringió en los doctores el uso de equipos de protección porque, aseguraron, “era alarmante y creaba pánico” en la ciudadanía. La Asociación Médica de Nicaragua reporta que en la actualidad 13 doctores presentan síntomas de coronavirus luego de atender a pacientes contagiados, “indeterminados” y sospechosos.

Este diario ha tenido acceso a tomografías y más de 40 placas de tórax de pacientes sintomáticos, entre ellas el escáner radiográfico de un trabajador de urgencias de un hospital privado, quien atendió uno de los casos positivos reconocidos por la Administración de Ortega. Las radiografías provienen de diversos hospitales públicos y privados, y reflejan serias neumonías y afecciones respiratorias.

Otra de las imágenes corresponde a una mujer de 69 años, quien falleció este 30 de abril debido a problemas respiratorios, pero oficialmente su muerte fue achacada a problemas cardíacos. 

Lo que llamó la atención en el caso de esta mujer es que las autoridades sanitarias de la ciudad de Chinandega, en el occidente de Nicaragua, ordenaron su entierro sin su familia. Fue sepultada a toda prisa por unos hombres embutidos en trajes protectores.

El Minsa reconoció en su más reciente boletín epidemiológico 407.836 casos de Insuficiencia Respiratoria Aguda (IRA). Mientras que de neumonía registra 26.739 casos y 81 muertes. “En los hospitales estamos viendo estos brotes y lo preocupante es que no se hacen pruebas. Se realizan test a un número muy reducido de personas. Todos esos casos de IRA y neumonías son de la covid-19 hasta no demostrar lo contrario”, critica el neumólogo Miranda.

Como el Gobierno insiste que en Nicaragua no existe transmisión local comunitaria, el criterio que usa el Minsa para realizar pruebas es “muy corto”, según los médicos. La autoridad sanitaria tiene dos parámetros básicos para aceptar las muestras remitidas desde los hospitales. La primera es que el paciente haya viajado al exterior, y la segunda que haya tenido contacto “con los casos importados” que el Minsa reconoce como positivos. Es decir, que rechazan cualquier otro nexo epidemiológico.

En algunos casos, el Ministerio de Salud de Nicaragua accedió a practicar exámenes de laboratorio solamente porque las personas externaron síntomas muy graves. Pero los pacientes con síntomas leves son descartados para el test y enviados a casa, sin importar las sospechas de los médicos.

“Como el Minsa tiene sus caprichos para decidir hacer o no una prueba, en los hospitales tratamos a los pacientes como sospechosos de la covid-19 cuando tenemos un cuadro clínico y la imagenología sugerente”, explica el internista e infectólogo Carlos Quant. 

“Hay casos positivos que no son reportados por el Minsa. Imagínate que con algunos casos indeterminados, el Minsa nos da el medicamento para tratarlos como caso positivo de la covid-19, pero son pacientes que no suben a la estadística oficial, que no son publicados”. 

El Gobierno de Cuba, aliado político del régimen de Ortega, ha puesto en duda que no exista transmisión local. La Habana informó entre marzo y abril que cuatro cubanos llegaron desde Nicaragua contagiados. Mientras que en Managua, hospitales privados como el Monte España han cancelado las cirugías, las consultas externas y estudios programados para tener el máximo disponible de camas.

El diario digital Artículo 66 publicó una lista de 47 casos positivos internados en el hospital público Alemán Nicaragüense, los cuales no han sido reportados en su totalidad por el Minsa. Mientras que los médicos han identificado focos comunitarios locales en el Aeropuerto Internacional de Managua, en una planta procesadora de Coca Cola, y en las ciudades de Tipitapa y Chinandega.

El presidente Ortega reapareció públicamente la tarde del 30 de abril, y no se refirió a los señalamientos que los médicos le achacan sobre la ocultación de casos de la covid-19. El mandatario sandinista criticó con ahínco el resguardo domiciliario que promueve la sociedad civil como prevención, y lo calificó una vez más las medidas como “extremas” y “radicales”.

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