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martes, 5 de mayo de 2020

España: Tests falsos, facturas millonarias y muchas dudas.


Madrid España / Europa Press  - Desde hace algunas semanas se ha reportado en varios medios de prensa en España un incremento de las molestias entre los ciudadanos en torno al manejo de los fondos públicos por parte del Ministerio de Sanidad del Gobierno integrado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. 

El uso de millones de euros para la compra de mascarillas, tests de coronavirus (COVID-19), y otros insumos médicos necesarios, se ha interpretado por muchas personas como un desfalco a las arcas del Estado, y por ende un “robo” a los españoles que contribuyen con sus impuestos para recibir un servicio de salud.

Quejas en redes sociales, en las calles y hasta en demandas (como una firmada el 30 de abril, que se adjunta al final del artículo), engrosan un conjunto de voces que se alzan para oponerse a lo que han calificado como un “delito público”.  

Pero, ¿a qué se deben estas protestas? ¿Por qué hay tantas personas denunciando al binomio socialista de Sánchez e Iglesias? Según un reporte del diario español El País, el Gobierno habría gastado hasta la actualidad más de 350 millones de euros en material sanitario.

Lo curioso es que estas cifras que ahora son de dominio público y aparecen en medios de prensa, se dieron a conocer a partir de abril, cuando por primera vez el Estado comenzó a publicar estos datos. Asimismo, se revelaron los nombres de las empresas intermediarias que proveían estos insumos para la salud.

Entonces se supo de los tests de COVID-19 defectuosos que España compró a Interpharma con un adelanto de siete millones de euros (que luego recuperó, como ha dicho el Gobierno) entre otras decisiones que parecen desesperadas y tomadas a la ligera. 

Algo parecido ocurrió con la empresa china Bioeasy, a la cual España tuvo que devolver 640.000 tests que no funcionaban. En esta ocasión habían pagado más de 17 millones de euros por 659.000 kits diagnósticos. Un cálculo rápido lo dice todo: cada test fue comprado por un valor de 26 euros.

Como dice el refrán popular, “cuando el río suena es porque piedras trae”. La razón de este “destape” o “generosidad” del Gobierno al entregar toda (o casi toda) la información, se puede leer como un intento por demostrar transparencia, ley cuya aplicación, por cierto, se ha congelado en tanto quedan suspendidos los plazos de entrega de información a los ciudadanos. 

También podría deberse al fiasco comercial de España en su compra millonaria (sobre todo a China y a un montón de intermediarios que se llenan los bolsillos) de productos que han resultado ser de baja calidad o defectuosos.

En torno a las mascarillas, un elemento de alta demanda tanto en centros de salud como en lugares públicos, se ha generado mucha polémica. Como indica el periódico El País, el Ministerio de Sanidad ha pagado más de 250 millones de euros para la compra de mascarillas. En unos casos, unos lotes de mascarillas fueron comprados a razón de 0,51 euros por unidad; en otros, Sanidad ha pagado 3,56 euros.

Las mascarillas también fueron objeto de accidentados manejos por parte del Gobierno. Como reporta el medio OK Diario en un artículo del 17 de abril, España tuvo que retirar “miles de mascarillas ‘fake’ que había repartido entre las Comunidades Autónomas. ¿Por qué? No cumplían con la normativa europea. Y muchos podrían preguntarse en este punto:

¿Esos controles de calidad no deberían realizarse antes de adquirir los productos, sea comprados o recibidos como donación?

Sanidad informó a los gobiernos autonómicos que no usaran esas mascarillas. Como reporta el diario antes citado, advertían a los hospitales que revisaran del siguiente modo los paquetes de mascarillas recibidas en sus instalaciones.

Que no usaran las mascarillas “cuyo embalaje lleva marcado N95 y código de barras 6 972306 630042”. Y ha aclarado que las que se podían usar, o que eran efectivas ante el COVID-19, estaban “sin identificación, sin envoltorio (suelta) y no lleva ningún tipo de marcado”. Esta sí cumpliría con los requisitos “para ser considerada como FFP2”.

Dentro de la saga de las mascarillas, ya el Gobierno había tenido otro desajuste al enviar a Madrid, a principios de abril, 60.000 mascarillas procedentes de China. En las cajas se leía que se trataba de mascarillas FFP2, pero en el interior había simples mascarillas quirúrgicas, de menor protección.

Un curioso dato dentro de la serie de los desaciertos con las mascarillas es la incongruencia entre las primeras medidas y recomendaciones por parte de las autoridades de Salud, y los cambios abruptos en las decisiones posteriores.

Algo así ocurrió con la declaración del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. En febrero, como indica el medio OK Diario, Simón había dicho que el uso de mascarillas en personas sanas no tenía sentido. Sin embargo, ahora es necesario usarlas en el transporte público, dice el Gobierno.

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