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sábado, 16 de mayo de 2020

Inician proceso internacional contra el Estado de Nicaragua por clausura ilegal del Cenidh.


A 17 meses de la toma ilegal y cancelación de la personería jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el organismo ha iniciado un proceso legal en alianza con CEJIL para llevar a juicio al Estado de Nicaragua, controlado por el régimen de Daniel Ortega. 

Ambos organismos entregaron este viernes una petición inicial contra el Estado de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La petición es el primer paso en un proceso que busca llevar a juicio al Estado, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual Nicaragua forma parte por su adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

La petición tiene como eje principal responsabilizar al Estado de Nicaragua por el allanamiento ilegal de las oficinas del Cenidh y la cancelación de su personería jurídica, situación que a la fecha continúa sin respuesta, pues, la Policía mantiene desde 2018 ocupadas las instalaciones y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sigue sin resolver los recursos interpuestos, dos de amparo y uno por inconstitucionalidad. 

“Los defensores y defensoras en el CENDIH siguen en la lucha con muchas limitaciones asumiendo los riesgos y estigmatizaciones a un costo emocional muy elevado, con una sensación de clandestinidad e impotencia y el peligro constante de ser criminalizados y agredidos por seguir ejerciendo el derecho a defender derechos, en un país donde los espacios para ello se cierran cada día más“, expresó Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, quien a la vez manifestó que la presentación de este caso ante la CIDH constituye un importante paso adelante en la búsqueda de la justicia 

Cenidh y CEJIL consideran que esta serie agresiones parten de una estrategia de ataque frontal del régimen en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, lo que impulsó a que en 2019 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otorgara medidas de protección a los integrantes de la organización nicaragüense. 

El control absoluto de las instituciones del Estado por el Gobierno de Ortega-Murillo, hace que los recursos judiciales nacionales no funcionen para procurar justicia. 

La violación sistemática y masiva de derechos humanos en Nicaragua, que ha llegado incluso a cometer crímenes que fueron catalogados como de lesa humanidad, hace que consideremos cerrados los espacios democráticos internos y tengamos que acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, explicó Claudia Paz y Paz, directora de CEJIL para Mesoamérica.

“Voramos esta vía como un camino para exigir que se reconozca la responsabilidad del Estado, se lleve a los responsables ante la justicia y se garanticen medidas de no repetición. Esto es urgente, porque las violaciones a los derechos humanos se siguen cometiendo día con día en Nicaragua” , agregó la también integrante del GIEI.

La petición inicial será estudiada por la CIDH para determinar si cumple con los requisitos mínimos de trámite, y con posterioridad le notificará de la misma al Estado de Nicaragua para iniciar el estudio de la admisibilidad.

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