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lunes, 4 de mayo de 2020

Unión Europea sanciona a 6 altos cargos del gobierno.


El Consejo de la Unión Europea anunció este lunes sanciones contra seis altos funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, dos asesores presidenciales y cuatro comisionados de la Policía Nacional, y urgió al régimen a restablecer las libertades civiles en el país, cumplir los acuerdos del diálogo nacional de marzo del 2019 y negociar lo más pronto las reformas electorales.

En una declaración del alto representante, Josep Borrell, en nombre de la Unión Europea, denuncia que "En los últimos meses, no se han logrado avances tangibles en materia de democracia y derechos humanos en Nicaragua" y que continúa.

"La represión ejercida por las fuerzas de seguridad y los grupos armados afines al Gobierno contra opositores políticos, manifestantes, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la Iglesia Católica".

Agrega que por estas razones "el Consejo de la UE decidió hoy incluir a seis personas en la lista de personas naturales y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas, a saber, la prohibición de viajar y la inmovilización de fondos y recursos económicos. 

Estas medidas están dirigidas específicamente a personas responsables de graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua y no están diseñadas para dañar a la población nicaragüense".

Ellos son los asesores presidenciales Néstor Moncada Lau, encargado de los asuntos de "seguridad nacional" del gobierno señalado de estar "directamente implicado en la toma de decisiones en materia de seguridad nacional y en el establecimiento de las políticas restrictivas llevadas a cabo por el Estado de Nicaragua contra manifestantes, representantes de la oposición y periodistas a partir de abril del 2018, y el responsable de ello".

La exministra de Salud Sonia Castro González, ahora asesora presidencial en la materia, a quien acusan de ser "responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de reprimir a la sociedad civil y a la oposición democrática, en especial dificultando el acceso a la asistencia médica de urgencia a los civiles heridos que participaban en manifestaciones y ordenando al personal hospitalario que informara sobre los manifestantes que habían sido conducidos por la policía al hospital".

Las sanciones anunciadas este lunes incluyen a los cuatro principales jefes de la Policía vinculados a las operaciones represivas ordenadas por el presidente Daniel Ortega a partir de abril del 2018 y que siguen hasta la fecha. A continuación los sancionados:

Francisco Díaz Madriz:

Director general de la Policía Nacional de Nicaragua (PNN) desde el 23 de agosto de 2018 y antiguo subdirector general de la PNN. Responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de reprimir a la sociedad civil y a la oposición democrática en Nicaragua, en especial por estar al mando de fuerzas policiales que han ejercido la violencia contra civiles mediante el uso excesivo de la fuerza, detenciones y torturas, entre otros.

Luis Pérez Olivas:

Comisionado general y jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) del centro penitenciario "El Chipote". Responsable de graves violaciones de los derechos humanos, incluida la tortura, el uso extensivo de la fuerza, el maltrato de los detenidos y otras formas de trato degradante.

Ramón Antonio Avellán Medal:

Subdirector general de la Policía Nacional de Nicaragua (PNN) y antiguo jefe de policía de Masaya. Responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de reprimir a la sociedad civil y a la oposición democrática en Nicaragua, en especial coordinando la represión de manifestantes en Masaya en 2018.

Justo Pastor Urbina:

Jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP). Ha participado directamente en la aplicación de políticas represivas contra los manifestantes y la oposición en Nicaragua, en particular en Managua. En este contexto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de reprimir a la sociedad civil y a la oposición democrática en Nicaragua.

"La UE espera que el Gobierno de Nicaragua cumpla en su totalidad con los compromisos adquiridos en los acuerdos de marzo de 2019 con la oposición. Hay tres ámbitos principales donde es necesario trabajar para lograr un progreso tangible:

"- La aplicación plena de los Acuerdos del 29 de marzo de 2019 para reforzar los derechos y las garantías civiles y políticas, incluido el restablecimiento de las libertades políticas y el estatuto jurídico de las organizaciones de la sociedad civil prohibidas, el regreso voluntario y en seguridad de los exiliados y la puesta en libertad de los presos políticos restantes. 

Esto implica asimismo, retirar los cargos en su contra, poner fin al acoso y la intimidación de los presos políticos liberados y de sus familias, y garantizar su seguridad y su integridad física.

"- El regreso a Nicaragua de los organismos internacionales para los derechos humanos y la cooperación plena con ellos, incluidas la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH);

"-Tercero, un acuerdo sobre reformas electorales e institucionales entre el gobierno y los grupos de oposición, incluida la Coalición Nacional, destinado a garantizar elecciones creíbles, inclusivas y transparentes. En este sentido, consideramos que las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la UE de 2011 siguen siendo válidas y constituyen un importante marco de referencia. 

Esas recomendaciones incluyen reformas como: el nombramiento de nuevos miembros del Consejo Supremo Electoral y organismos electorales relacionados, el registro de votantes, la publicación y tabulación de resultados o la acreditación de observadores nacionales e internacionales, entre otros".

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